Este jueves por la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al vocero presidencial y diputado electo Manuel Adorni, ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán a conocer una serie de medidas que marcarán el inicio de una nueva etapa en el manejo del dinero en efectivo no declarado, particularmente en dólares. De acuerdo a lo que informaron fuentes gubernamentales al diario Ámbito, la iniciativa no se tratará de un blanqueo tradicional, sino que representará una modificación profunda del régimen vigente.
El anuncio está previsto para las 11 de la mañana y tendrá lugar en el marco del relanzamiento de una estrategia económica orientada a la llamada «remonetización» del país. En concreto, se busca que los ciudadanos puedan movilizar y utilizar sus reservas personales de dólares sin que se les exijan explicaciones extensas sobre el origen de esos fondos, lo cual permitiría canalizar un volumen importante de capitales que actualmente permanecen fuera del circuito formal.
Tal como adelantó el propio presidente Javier Milei en declaraciones previas, la intención del gobierno es garantizar que las personas puedan disponer de sus divisas sin temor a ser objeto de sospechas ni tener que dejar “los dedos marcados”. En otras palabras, el objetivo es permitir el uso cotidiano y libre de esos ahorros, sin que ello implique ser sometido a controles estrictos o reportes ante organismos estatales.
En la actualidad, cualquier operación en moneda extranjera que no cuente con un respaldo suficiente sobre la legitimidad de los fondos puede ser calificada como sospechosa por los bancos, quienes deben entonces emitir un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) ante las autoridades correspondientes. El cambio que se anunciará apunta a modificar ese enfoque: lejos de seguir considerando a cada usuario como potencial infractor, se buscará asumir la buena fe de los ciudadanos y disminuir la presión regulatoria sobre sus transacciones.
Durante su participación en la cumbre de AmCham 2025, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Caputo dio algunas pistas sobre lo que se vendrá. Allí aseguró que la iniciativa no encuadra en las características típicas de un blanqueo fiscal como los promovidos anteriormente por el gobierno, sino que constituye una transformación estructural mucho más amplia. “Esto no tiene nada que ver con un blanqueo, ni va a estar limitado por montos. Se trata del comienzo de un nuevo régimen”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.
Caputo argumentó que el altísimo nivel de informalidad en la economía argentina no es producto de la cultura del incumplimiento, sino de una carga tributaria elevada y un entramado normativo excesivo. “Acá se parte de la premisa de que el 99,99% de las personas son delincuentes. Pero no es así. Llevamos la situación a un nivel de irracionalidad que hace que la gente termine evitando cualquier forma de formalización”, expresó con firmeza.
El ministro también se mostró crítico del funcionamiento del aparato estatal, al señalar que la proliferación de regulaciones no ha mejorado la situación. “Duplicamos la cantidad de empleados en la AFIP (ahora ARCA), sumamos más y más normas, pero la informalidad sigue creciendo”, advirtió. En ese sentido, compartió una estadística llamativa: actualmente, apenas mil CUITs representan la mitad de la recaudación tributaria del país, y con solo once mil contribuyentes más se supera el 70%. “Está claro que el sistema no funciona”, sentenció.
En su exposición, Caputo insistió en que el propósito de los cambios es simplificar la vida de los argentinos, y para eso se trabajará en la eliminación de trabas innecesarias en diversas áreas. Señaló que no se trata únicamente de exigencias provenientes del sistema financiero, sino que las regulaciones excesivas también están presentes en los registros automotores, inmobiliarias, escribanías, consorcios, y otros espacios. “Todo el mundo quiere regular todo y pedirte de todo. La gente se harta”, declaró, relatando como ejemplo el caso de una persona con alto poder adquisitivo que tuvo que justificar una transferencia de 750 mil pesos a su propia esposa.
Caputo también aclaró que estas reformas no afectarán las normas dictadas por la UIF (Unidad de Información Financiera) ni por organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). “Algunas cuestiones se podrán resolver mediante regulaciones internas, y otras requerirán eventualmente la aprobación de una ley”, explicó.
Finalmente, el ministro definió el nuevo esquema como una vía para fomentar la formalización voluntaria y racional de la economía, sin imponer a los ciudadanos una maraña de requerimientos administrativos. “Vamos a destrabar regulaciones para que cada uno pueda hacer lo que le corresponde sin volverse loco. El objetivo es cambiar la lógica del sistema”, concluyó.
