En el contexto de una política destinada a resguardar el Patrimonio de la Provincia, la Fiscalía de Estado de Tucumán llevó adelante una acción concreta para recuperar terrenos fiscales que estaban siendo utilizados de forma ilegal. La intervención tuvo lugar en la localidad de León Rougés, donde se identificaron aproximadamente 20 hectáreas de propiedad estatal que estaban siendo explotadas sin autorización mediante el cultivo y cosecha de caña de azúcar y limones. Esta práctica, además de ser irregular, atentaba contra el correcto uso del patrimonio público y la planificación territorial.
El procedimiento fue ejecutado bajo la supervisión del Fiscal Adjunto, Raúl Ferrazzano, quien estuvo acompañado por un equipo interdisciplinario integrado por el Director de la Unidad de Protección Ambiental, Hugo Vitale, el Comisionado Comunal local, Oscar Vega, así como también por representantes del Ente Cultural de Tucumán, personal del área de Catastro y efectivos de la Policía provincial.
En relación con esta intervención, Ferrazzano subrayó que el operativo responde a una política clara impulsada por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo. “El gobernador llegó con la firme decisión de ponerle fin a las usurpaciones que por años afectaron a la provincia. Hoy contamos con un Estado eficiente que ha logrado recuperar cientos de hectáreas de tierra pública, preservando así tanto el patrimonio estatal como los recursos naturales», afirmó. Asimismo, resaltó el rol de la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, destacando que junto a ella “se está llevando adelante un trabajo intensivo en distintas regiones de Tucumán con el objetivo de salvaguardar lo que pertenece a todos los ciudadanos”.
Este tipo de acciones forma parte de un plan más amplio que busca reordenar el uso del suelo fiscal, evitar ocupaciones ilegales, y garantizar que los recursos del Estado sean administrados de manera transparente y con visión de largo plazo. El operativo en León Rougés es un ejemplo del compromiso de las autoridades provinciales por proteger los bienes públicos y asegurar que su uso responda al interés colectivo.
