La compleja investigación judicial que tiene como principal implicado a Roque “Chipi” Giménez dio un giro inesperado esta semana, tras una audiencia clave celebrada el martes. El proceso, que ya abarcaba presuntas anomalías en la contratación de obras públicas, posibles nexos con redes de narcotráfico y sospechas de delitos federales, incorporó nuevas y preocupantes aristas gracias a la intervención de la fiscal Mónica García de Targa y su auxiliar, Bernardo Sassi. Este último sorprendió al tribunal al dar a conocer elementos que hasta ese momento se mantenían bajo un estricto hermetismo, y que podrían elevar el perfil del caso a una dimensión aún mayor dentro del ámbito federal.
Uno de los aspectos más graves revelados fue la presunción de que, además de los delitos ya en investigación, podrían existir indicios de una red de trata de personas. Esta línea de análisis surgió tras el estudio de un polémico audio que se viralizó recientemente y que generó un profundo escándalo político e institucional en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. De acuerdo con lo planteado por el auxiliar fiscal, del contenido del audio se desprenden datos que podrían apuntar a la existencia de una estructura dedicada a la comercialización de menores, un delito de enorme gravedad que ya está siendo abordado por la Justicia Federal.
Durante el desarrollo de la audiencia, también se reconstruyó un modelo de gestión de poder que Giménez habría intentado imponer al entonces intendente Luis “Pato” Campos. Según los fiscales, el empresario habría delineado un tipo de conducción autoritaria y clandestina que abarcaba desde el control de las fuerzas policiales hasta el tráfico de drogas, e incluso la intervención directa en cuestiones que comprometían la integridad física de terceros. Tales afirmaciones, según explicaron, emergen de sus propias palabras registradas en los audios analizados.
Otro punto abordado en la audiencia fue un supuesto hecho de violencia protagonizado por el sindicalista José “Cucha Mota” Funez. Giménez narró que este último lo habría emboscado en la vía pública, interceptando su vehículo y efectuando disparos al aire como forma de amenaza, en el marco de un conflicto por una denuncia sobre la sustracción de materiales de una obra. Este episodio también será considerado por el Ministerio Público en el análisis general de presiones, intimidaciones y entornos violentos que rodeaban la figura del empresario.
Además, la fiscalía enfatizó los vínculos de Giménez con personajes vinculados al narcotráfico. En su testimonio, el acusado admitió haber sido amenazado por Carlos “Kokoz” Rodríguez, presunto colaborador cercano de José Roldán, exsecretario de Hacienda, actualmente investigado por operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, Giménez omitió mencionar que Rodríguez permanece detenido en Orán, provincia de Salta, acusado de un doble homicidio con características propias de un ajuste narco.
A nivel procesal, se constató que Giménez enfrenta dos causas judiciales en simultáneo: una en la justicia ordinaria por resistencia a la autoridad, y otra en el fuero federal, surgida a partir de la viralización del audio que motivó gran parte de esta investigación.
Uno de los aspectos más llamativos que emergieron del expediente tiene que ver con la dirección que figura en su Documento Nacional de Identidad de 2021. Allí consta que el empresario residía en el edificio del ex Mercado Municipal, que paradójicamente fue objeto de remodelación por parte de su empresa, Giménez Consulting Groups. Esta firma fue constituida en febrero de 2022 y, según lo expresado por el propio Giménez, sólo realizó dos trabajos para el municipio: la restauración del mercado y la construcción de una sala velatoria. No obstante, no supo precisar si esos contratos se adjudicaron mediante licitación pública o por contratación directa.
En relación con la estructura societaria de la firma, Giménez declaró que él es el único propietario y que su madre, Susana del Valle Argañaraz, carece de cualquier tipo de participación. Sin embargo, el acta de constitución de la empresa revela que ella figura como socia fundadora, contradiciendo su testimonio.
Como parte del proceso de verificación, el equipo judicial encabezado por Sassi comprobó que la empresa no posee sede activa alguna. El lugar declarado como domicilio legal se encontraba completamente deshabitado al momento del allanamiento, lo que refuerza las sospechas de que podría tratarse de una empresa “fantasma”, creada para fines poco transparentes.
Un detalle particularmente inquietante se conoció al final de la audiencia, cuando se informó sobre el hallazgo de una carta manuscrita durante uno de los allanamientos. Este documento, dirigido al exintendente Campos, llevaba por título “Cómo hacerse rico”, y su contenido podría aportar nuevas pistas sobre el entramado de corrupción que se investiga.
Los hechos expuestos durante esta audiencia no sólo profundizan la gravedad de los cargos contra Giménez, sino que también abren la puerta a nuevas investigaciones penales. La Fiscalía continúa con el análisis de la abundante documentación incautada y trabaja en estrecha colaboración con la Justicia Federal para determinar los próximos pasos en un caso que promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales de alto impacto.
