La investigación penal que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la gestión de cientos de millones de dólares relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzará este jueves con la declaración de un testigo. Este proceso se extenderá con más testimonios y podría durar meses antes de que se formalicen cargos, según fuentes con conocimiento de los procedimientos judiciales en Estados Unidos, consultadas por LA NACION.
El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, será el primero de al menos seis citados y deberá presentarse el 30 ante un gran jurado federal en Miami para declarar bajo juramento. Además, deberá aportar la documentación relacionada con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero, Pablo Toviggino; el productor y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en el marco de una investigación sobre presunto lavado de activos y otros delitos financieros posibles.
La convocatoria representa un destacado avance en la investigación estadounidense que comenzó hace diez meses, según lo indicado por LA NACION. A diferencia de una entrevista voluntaria con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), un gran jurado evalúa la evidencia presentada por los fiscales para determinar si hay causa probable suficiente para emitir una acusación penal formal (“indictment”) contra una o más personas.
La declaración se llevará a cabo a puertas cerradas en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse en el centro de Miami. Además de comparecer, el testigo deberá entregar “todos los registros” relacionados con TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Faroni contratada por la AFA para la recaudación de fondos.
El testigo también deberá presentar “toda comunicación” mantenida con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero. Cabe mencionar que el requerimiento no limita el tipo de documentación que se puede aportar, por lo que abarca tanto registros físicos como información electrónica.
“Primera mano”
La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con gran detalle las comunicaciones y la documentación asociadas a TourProdEnter LLC y las personas mencionadas en la citación, según fuentes consultadas. El propósito es identificar cómo interactuaron durante la ejecución del contrato con la AFA y rastrear el flujo de fondos administrados por esa empresa.
La identidad del citado permanece bajo reserva, lo cual es habitual en esta fase de las investigaciones federales en EE.UU. Sin embargo, fuentes cercanas al caso destacan que se trata de un testigo con información directa sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vinculación con la AFA.
La inclusión de Lucero en la citación concentra el número de posibles convocados. Se le relaciona con la adquisición de una propiedad en Pilar y, según la investigación local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que posteriormente cambió su nombre a Real Central. En 2022, transfirió sus acciones a la madre de Pantano, Ana Lucía Conte.
Según documentos revisados por LA NACION, Lucero se vinculó con Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, propietario de Odeama SL, la empresa que inició la relación con TourProdEnter.
Las otras personas mencionadas son claves en la relación entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (ampliado hasta 2030), y Javier Faroni, quien se encuentra actualmente en Europa tras asistir a varios partidos del Mundial. Según se ha informado, está en negociaciones para la venta del club Peruggia.
La citación no implica, por sí sola, que el convocado esté siendo investigado o que vaya a ser acusado, aunque debe permanecer disponible para la Justicia hasta que un juez autorice explícitamente su salida.
La investigación del Departamento de Justicia busca determinar si se han cometido delitos bajo su jurisdicción, incluyendo lavado de activos mediante un presunto fraude a través del sistema bancario de EE.UU. para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos irregulares y facturación falsa.
El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una entidad constituida en EE.UU. que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021, recaudando y administrando cerca de US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio y premios deportivos que transitaron sus cuentas en diversos bancos, lo que habilita la jurisdicción estadounidense.
Desde septiembre pasado, fiscales y agentes del FBI llevan a cabo un estudio sobre si se violaron normativas federales durante esas transacciones, incluyendo el lavado de activos, fraude financiero y obligaciones de transparencia.
Irregularidades, la clave
Los investigadores también intentan determinar si fondos de TourProdEnter fueron desviados a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o documentación irregular. En particular, se investigan US$ 57 millones que se enviaron a sociedades controladas por beneficiarios de planes sociales argentinos.
La investigación adquirió impulso en el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni obtuvo órdenes judiciales en Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter en cinco entidades. Posteriormente, llevó esa información al Departamento de Justicia para denunciar posibles delitos federales.
Desde ese momento, los fiscales han comenzado a contactar a exdirigentes y exempleados de la AFA. Entre quienes han brindado información se encuentra Juan Pablo Beacon, quien fue asistente de Toviggino y busca garantías debido a su temor a ser detenido.
Beacon es uno de los nombres que circulan como posible testigo para la comparecencia en Miami, aunque no es el único. También se menciona a Leandro Petersen, responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, y al empresario Alexandre Dreyfus, vinculado con la firma Socios.com.
Además, se ha contactado a empresas que han celebrado contratos con la AFA y realizado transferencias hacia cuentas de TourProdEnter, mientras la investigación se expande hacia otras personas relacionadas con la compañía mediante nuevas medidas de prueba.
A pesar de que la cita ante el gran jurado representa un cambio procesal significativo, la investigación continúa en una fase preliminar. Las investigaciones sobre delitos financieros internacionales que implican múltiples jurisdicciones y bancos suelen tomar meses o incluso años antes de que se determine si se presentarán cargos formales.
En este contexto, el Departamento de Justicia inició en 2011 la conocida investigación FIFAgate, que culminó con una gran ofensiva judicial en mayo de 2015, con órdenes de arresto en Suiza y cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos relacionados con sobornos que superaron los US$ 150 millones.