El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros implicados en el caso $LIBRA, argumentando que no se completaron las medidas de prueba pertinentes ni se citó a indagatoria a los acusados, además de que los inversores afectados fueron apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal.
El fiscal Eduardo Taiano había solicitado este sobreseimiento, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
La resolución de 60 páginas también benefició a otros implicados, incluidos el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, el lobista Mauricio Gaspar Novelli, su hermana María Pía, su madre Alicia Rafaele y su socio Manuel Terrones Godoy.
También se incluyó al exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Daniel Morales, al responsable de Kip Protocol, Julian Peh, y a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Martínez de Giorgi determinó que los hechos denunciados no correspondían a alguna figura legal como estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, y afirmó que el proceso no afectaba el honor de los imputados, quienes no fueron llamados a indagatoria.
El juez coincidió con el fiscal sobre la falta de acusaciones independientes que justificaran continuar el proceso.
Martínez de Giorgi evaluó las figuras penales en cuestión. Respecto a la estafa, concluyó que no había evidencia de un “engaño penalmente relevante”. Aunque reconoció que la “investidura institucional” de Milei pudo haber influido en la percepción del token, no consideró eso equivalente a un “ardid defraudatorio”.
El juez también advirtió que no se puede inferir una maniobra defraudatoria únicamente por la distribución de ganancias y pérdidas.
Ésta fue significativa, ya que, según la resolución, un reducido número de billeteras retiró alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40,000 personas que compraron $LIBRA sufrieron pérdidas tras un anuncio presidencial del 14 de febrero de 2025. Sin embargo, el juez consideró que estas pérdidas no eran suficientes para demostrar la existencia de una estafa.
Para abordar el posible abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, el juez examinó informes de la Secretaría Legal y Técnica y de la Oficina Anticorrupción. Esta última concluyó que el tuit presidencial se consideraba un acto “individual o privado” sin uso de recursos públicos ni intervención institucional.
El juez también apuntó que el mensaje parecía referirse a las consecuencias de decisiones políticas en el mercado, comparándolo a la presencia del presidente en la inauguración de una fábrica.
En relación con Karina Milei y el presunto tráfico de influencias, el juez evaluó la prueba obtenida del dispositivo de Novelli como menos contundente. Se encontró una propuesta relacionada con Kelsier Group, destinada a establecer vínculos con sectores tecnológicos. Sin embargo, el documento carecía de firmas.
Además, se halló una nota en Apple Notes que no pudo ser comprobada como enviada a terceros.
Cuestionamientos a pruebas
El juez también puso en duda la validez de los informes de la DATIP, mencionando un incidente de “ingreso indebido” a documentación reservada que afectó la cadena de custodia. Aunque no anuló los informes, consideró que su valor probatorio era insuficiente para sostener la hipótesis delictiva.
Las investigaciones adicionales no llevaron a conclusiones incriminatorias. Las cajas de seguridad de Novelli estaban vacías durante los allanamientos, aunque se registraron entradas de personas vinculadas en torno al lanzamiento. Las indagaciones en criptoactivos comenzaron, pero carecieron de evidencia concluyente debido a limitaciones de las herramientas técnicas disponibles.
Asimismo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente por falta de pruebas que conectaran a los investigados con los delitos denunciados. La ampliación pedida por la diputada Mónica Frade no fue validada tampoco.
El juez se refirió a decisiones recientes: un fallo de la Cámara Federal que apartó a los inversores como querellantes, considerando “diluida” la hipótesis de un plan organizado, y un tribunal de Nueva York que desestimó una demanda civil por razones procesales.
La decisión de Martínez de Giorgi generó críticas entre los inversores afectados, quienes han solicitado la reincorporación al caso. Asimismo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) expresó preocupaciones sobre el cierre prematuro de la investigación y la necesidad de asegurar el derecho de las víctimas a alcanzar justicia.