El presidente Javier Milei está enfocado en establecer un superávit fiscal que tenga fuerza de ley en Argentina. Por este motivo, el nuevo paquete de reformas que el Gobierno enviará al Congreso incluirá no solo una modificación a la carta orgánica del Banco Central, sino también una propuesta adaptada al contexto argentino en materia de shutdown.
El Presidente está trabajando en esta propuesta junto a sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo; así como con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Durante una reunión de Gabinete, Milei dejó clara su intención de avanzar con estas medidas, retomando el tema frente a todos sus funcionarios.
Según información obtenida por LA NACION, el proyecto de shutdown local tendrá un “espíritu fiscalista” y podría activarse cuando el Estado entre en déficit, con una serie de pasos previos establecidos.
A diferencia de Estados Unidos, donde el enfoque es más institucional, en Argentina se busca blindar el superávit, según señala una fuente oficial. En EE. UU., el shutdown se desencadena por la falta de acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar el presupuesto.
El objetivo del Gobierno argentino es que el mecanismo sirva para evitar cualquier déficit, identificándolo como uno de los principales problemas del país. Mientras que en EE. UU. se busca forzar un acuerdo presupuestario, la intención de Milei es mantener el superávit fiscal a través de mecanismos legales. Una fuente del Gobierno describe la intención de la siguiente manera: “Antes de que haya déficit, el Estado cierra”.
Milei expuso su visión en una entrevista con radio El Observador, explicando que su enfoque busca transformar la decadencia argentina desde las instituciones, estableciendo una regla fiscal que lleve a un presupuesto con déficit cero. “Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado”, señaló, sugiriendo que una vez que se agoten los fondos, el gobierno no podrá operar hasta obtener una ampliación.
En las discusiones iniciales, se ha considerado que las jubilaciones, programas sociales, pagos de deuda y gastos en seguridad y defensa sean considerados esenciales, por lo que no se verían afectados por un cierre administrativo.
Además, se está considerando incluir un proceso previo al shutdown que permita al Congreso definir qué partidas pueden ser reducidas antes de activar el cierre. Si el Legislativo no toma medidas, el Gobierno establecería los gastos esenciales y procederá con los recortes necesarios.
Este shutdown se presentará como parte de un paquete más amplio que incluye la reforma de la carta orgánica del Banco Central y sanciones para quienes realicen emisiones en el país. Aunque se planea presentar la propuesta como un texto individual, se busca que vaya acompañado de otras iniciativas que promuevan el equilibrio fiscal.
“El shutdown complementará las reglas fiscales y los cambios en la carta orgánica del Banco Central, que busca restablecer el mandato de defensa del valor de la moneda”, indican fuentes de la corriente liberal. Actualmente, el proyecto está en fase de discusión y aún no se ha redactado el texto final, siendo un tema de contínuas conversaciones entre el Presidente y sus ministros.
Fuentes de la Casa Rosada sugieren que, para implementar el shutdown, será necesario modificar la ley de administración financiera vigente. Anteriormente, el Presidente envió un proyecto sobre Estabilidad Fiscal y Monetaria al Congreso, pero no logró avanzar. Sin embargo, con la actual conformación del Congreso, hay más optimismo en cuanto a la posibilidad de que este nuevo paquete reciba tratamiento.
Hasta el momento, no se ha definido una fecha para el envío de estas iniciativas, aunque algunos miembros del Ejecutivo reconocen que el proyecto del shutdown está tomando forma. “Hay que ver la letra chica; ya ha habido reuniones y se están llevando a cabo conversaciones”, concluyen fuentes cercanas al tema.