En el marco de una causa judicial de alto impacto político y social que se desarrolla en el municipio tucumano de Juan Bautista Alberdi, el juez Paul Alfredo Hofer tomó una decisión determinante: rechazó los recursos presentados por las defensas de tres exfuncionarios investigados por graves delitos y confirmó que deberán continuar detenidos con prisión preventiva. Esta resolución mantiene en firme lo dispuesto anteriormente por el juez Fabián Rojas, aunque Hofer reconoció que hubo aspectos cuestionables en la fundamentación original, particularmente en lo que respecta al análisis del riesgo de fuga. Sin embargo, el magistrado subrayó que los riesgos de entorpecimiento de la investigación siguen plenamente vigentes y resultan suficientes para justificar la privación de la libertad.
Los tres imputados en cuestión son Pablo Ezequiel Barrionuevo, José Albano Lorú y José del Carmen Roldán. Todos ellos enfrentan cargos por su presunta participación en una asociación ilícita en el contexto de una red delictiva que habría operado desde el municipio y que está siendo investigada por delitos vinculados a la obra pública, posible lavado de dinero y conexiones con la comercialización de drogas ilegales. Esta investigación se disparó a raíz de la aparición de un audio entre Roque “Chipi” Giménez y el exintendente Luis Campos, en el que se mencionaban maniobras irregulares dentro del ámbito municipal.
Durante la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 27 de junio, el fiscal auxiliar Bernardo Sassi, en representación de la Fiscalía Regional conducida por Mónica García de Targa, solicitó que se dictara prisión preventiva para los cuatro imputados. El juez Rojas concedió esa solicitud respecto de tres de ellos, por un período inicial de dos meses. El único que fue liberado en ese momento fue José Ignacio Funez. La medida cautelar fue rápidamente apelada por las defensas de los imputados.
En la audiencia de revisión de la medida, los abogados defensores –Florencia Abdala (representante de Roldán), Javier Lobo Aragón (abogado de Lorú) y los letrados Tomás y Nicolás Arce (defensores de Barrionuevo)– intentaron convencer al juez Hofer de que no se daban las condiciones necesarias para justificar la continuidad de la prisión preventiva. Alegaron que sus defendidos no representaban peligro de fuga ni existía riesgo concreto de que entorpecieran la investigación.
Uno de los ejes centrales de sus argumentos fue la supuesta debilidad del fallo original de Rojas, al que calificaron de “genérico” y carente de fundamentos personalizados. En ese sentido, destacaron que sus representados tienen arraigo, no cuentan con antecedentes penales y que las pruebas que los vinculan a la causa son, en su mayoría, poco sólidas. En el caso particular de Barrionuevo, los abogados subrayaron que en la causa su nombre aparece solamente a través de un apodo y que, como alternativa a la prisión, ofrecieron una caución real de medio millón de pesos.
Lobo Aragón, defensor de Lorú, además de señalar que su cliente era apenas un adolescente al momento de los supuestos hechos delictivos, advirtió que sufre de un cuadro de salud mental que requeriría atención especializada, incompatible con su permanencia en un establecimiento carcelario. A su vez, la letrada Abdala planteó objeciones en cuanto a presuntas irregularidades en el proceso, como la inclusión de elementos probatorios sin haber sido incorporados correctamente al expediente, afectando el derecho a la legítima defensa.
Tras una audiencia que se prolongó por dos horas, el juez Hofer tomó su resolución. Aunque reconoció que el análisis del riesgo de fuga había sido insuficiente, consideró que los argumentos del juez Rojas respecto al entorpecimiento eran válidos y estaban debidamente sustentados. Sostuvo que en causas en etapa inicial, como esta, la posibilidad de que los imputados interfieran en la investigación basta como fundamento para aplicar la medida más gravosa.
Por lo tanto, resolvió confirmar la prisión preventiva de Barrionuevo, Roldán y Lorú, quienes continuarán detenidos por el plazo inicial de dos meses fijado previamente, mientras la investigación avanza.
La causa conocida como «Caso Alberdi» ha tomado gran notoriedad por su complejidad y por las implicancias políticas que involucran a actores municipales de peso. Las conexiones entre presuntos manejos irregulares de fondos públicos, licitaciones sospechosas, lavado de activos y posibles nexos con redes narco han encendido las alarmas en el sur de la provincia. El devenir del expediente podría marcar un antes y un después en el control institucional del municipio.
La fiscalía, mientras tanto, sigue trabajando en la recolección de pruebas y en la toma de declaraciones clave, con la mirada puesta también en la figura del exintendente Luis Campos y otros posibles implicados. Todo indica que la investigación continuará ampliándose en las próximas semanas.
