Un caso que en sus inicios parecía ser uno más dentro del universo del narcomenudeo en la localidad tucumana de Famaillá, terminó develando una estructura mucho más compleja y de mayor alcance. Lucas Córdoba, un hombre de 35 años, fue arrestado en mayo de 2024 tras encontrársele casi un kilogramo de cocaína y un arma de fuego en su poder. Sin embargo, lejos de ser enviado a una cárcel común, fue beneficiado con prisión domiciliaria bajo el argumento de supuestas afecciones médicas.
Lo que parecía una detención rutinaria dio un giro inesperado cuando las autoridades analizaron su iPhone 15 Pro Max. El contenido del dispositivo reveló que Córdoba no era simplemente un eslabón menor en la cadena de venta de drogas, sino un proveedor de alto nivel. De acuerdo con los chats extraídos, negociaba la venta de cocaína por cantidades importantes —hasta 10 kilos por operación—, con precios que oscilaban en los 5.000 dólares por kilo. Además, se descubrió que traficaba marihuana del tipo “Creepy”, de origen colombiano, y que tenía intereses en el mercado ilegal de armas de fuego.
A pesar del volumen de evidencia y la gravedad de los hallazgos, la justicia provincial no aceptó derivar el caso al fuero federal, lo que generó críticas entre los investigadores. El expediente se inició gracias a una denuncia anónima presentada por un vecino. La División Unidad Operativa Federal Concepción, actuando bajo la dirección del fiscal Diego Hevia, emprendió una pesquisa que incluyó tareas de inteligencia, vigilancia y allanamientos. En estos procedimientos, además de secuestrar droga y armas, se detuvo a Córdoba, quien operaba con la colaboración de familiares.
La clave de la causa llegó con el análisis forense de su celular, ya bajo el control del fiscal Carlos Sale. El equipo pericial halló mensajes donde el acusado gestionaba envíos de cocaína desde países como Bolivia, Perú y Colombia, además de coordinar la distribución a través de contactos dispersos en la región. También se descubrieron imágenes de fajos de dinero en efectivo, fotografías de armas de fuego y conversaciones comprometedoras que respaldaban las sospechas sobre la magnitud de su actividad delictiva.
Con esta nueva información, el fiscal Sale solicitó que se revocara el arresto domiciliario y que la causa se remitiera al fuero federal, dada la evidencia de delitos de escala internacional. Sin embargo, sus pedidos fueron rechazados por los tribunales provinciales. Ante esta negativa, Sale optó por acelerar el proceso de enjuiciamiento por venta de estupefacientes, en un intento de lograr que al menos se aplique una condena de cumplimiento efectivo.
El caso de Lucas Córdoba pone en evidencia una dinámica delictiva más amplia en la región conocida como “la Ruta de los Valles”. Esta ruta, según investigadores, ha servido como corredor logístico y comercial para que jóvenes que antes no figuraban en los registros judiciales se conviertan en actores clave del narcotráfico a nivel regional. Para el fiscal Sale, el perfil del acusado ya no encaja dentro de los parámetros típicos del narcomenudeo, y considera que permitirle continuar en libertad representa un serio riesgo procesal.
En Famaillá, la detención del supuesto proveedor no causó asombro. “Acá hay chicos que se hicieron ricos de la noche a la mañana. Tienen vínculos con todo tipo de gente: políticos, policías…”, comentó una vecina, María del Carmen Figueroa. Córdoba, en tanto, era reconocido en el ambiente local por su afición al “audiocar” y por tener un salón de eventos cerca de la ruta 38, que solía alquilar para celebraciones. “Cuando supimos que lo habían detenido por drogas, la verdad es que nadie se sorprendió. Ya nada nos llama la atención acá”, dijo otro vecino, Eugenio Flores.
A la espera de su juicio, Lucas Córdoba continúa cumpliendo su arresto domiciliario, aunque las pruebas recabadas lo perfilan como una figura mucho más relevante dentro del entramado del narcotráfico regional que lo que sugería la carátula inicial de “narcomenudeo”.
