La sentencia se emitió en el contexto de un acuerdo de juicio abreviado, firmado por el Ministerio Fiscal, el acusado y su defensa, con la aprobación de la parte querellante. El acuerdo incluyó una compensación económica de 100 millones de pesos que Navarro Flores ofreció a la familia de Érika Antonella Álvarez, una mujer de 25 años que fue víctima de femicidio y cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural en la zona de Manantial Sur.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma subrayó la gravedad del caso, indicando que “se trató de un hecho violento que resultó en la muerte de una mujer de tan solo 25 años”. También mencionó la forma en que fue desechado el cuerpo de la víctima, “arrojado en un basural dentro de bolsas de residuos”, lo que consideró una circunstancia que afecta su dignidad.
La investigadora también reconoció la cooperación de Navarro Flores durante la pesquisa, quien declaró en dos ocasiones ante la Fiscalía y respondió a todas las preguntas. Sin embargo, indicó que esto no oculta el hecho de que el acusado no se presentó de forma voluntaria ante las autoridades, y que fue necesaria su detención el 25 de febrero, después de una investigación técnica realizada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.
Pruebas clave del ECIF
Tras un receso, el juez Bernardo L’Erario Babot, al fundamentar su decisión, afirmó que la evidencia reunida permitió concluir que la intervención de Navarro Flores ocurrió después del homicidio, contribuyendo al ocultamiento de pruebas y favoreciendo la impunidad del autor.
En este contexto, destacó el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Dirección de Análisis Criminal del ECIF, que reveló reiterados contactos entre Felipe Sosa y Navarro Flores en las horas posteriores al crimen. Además, los estudios de impacto de antenas confirmaron que ambos teléfonos estuvieron en la misma área de cobertura correspondiente al domicilio de Sosa.
El magistrado mencionó que estos elementos fueron corroborados por registros de cámaras de seguridad analizados por el ECIF, que permitieron identificar la llegada al domicilio de una motocicleta con características similares a la de Navarro Flores. Finalmente, el juez admitió el acuerdo de juicio abreviado. La sentencia fue considerada firme, ya que todas las partes decidieron no presentar recursos de apelación.
Es importante señalar que el proceso continúa en relación con Felipe Sosa (50), acusado de femicidio; Justina Gordillo (48), imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública; y Jorge Orlando Díaz (40), por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser un hecho precedente especialmente grave.
Descripción del hecho
El 7 de enero de 2026, en horas de la madrugada, Sosa, aprovechando una relación de poder desigual y el sufrimiento de Álvarez, por su vulnerabilidad como mujer y con el evidente propósito de causarle la muerte, la golpeó con gran violencia en su hogar, ubicado en calle Santo Domingo al 1100 en Yerba Buena, lo que provocó su fallecimiento por traumatismo cráneo-facial y cervical.
En este contexto, Navarro, después de recibir llamadas telefónicas de Sosa a partir de las 07:15 horas de ese día, se presentó a las 09:06 en dicho domicilio en su motocicleta. Allí permaneció alrededor de 20 minutos y mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa durante el resto del día, regresando alrededor de las 22:00 horas al domicilio de calle Santo Domingo en su vehículo Toyota Hiace, donde se reunió con Sosa y Gordillo hasta las 23:48, retirándose con dos bolsas entregadas por Sosa, de las cuales se deshizo.
De este modo, Navarro contribuyó al ocultamiento del cuerpo de Álvarez, así como de sus pertenencias y demás evidencias relacionadas con el hecho, ayudando a Sosa a eludir la investigación y evadir la acción judicial.