La Justicia de Estados Unidos emitió una orden para que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, como forma de pago de una sentencia de 16.000 millones de dólares dictada en 2023 por la expropiación de la petrolera. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, accedió a la petición de Burford y Eton Capital para embargar estas acciones, una decisión que tomó por sorpresa al Estado argentino, especialmente porque el Departamento de Justicia estadounidense había solicitado que se rechazara ese embargo meses antes.
Desde el año pasado, la Procuración del Tesoro había informado al gobierno de Joe Biden sobre el juicio y las posibles consecuencias de que un juez de EE.UU. ordenara embargos sobre activos ubicados fuera de su jurisdicción, pues las acciones de YPF que posee Argentina están registradas en Buenos Aires y no cotizan en Nueva York.
Durante el proceso, la jueza Preska requirió al Estado argentino que depositara una garantía equivalente a entregar un tercio de las acciones de YPF o un crédito con Paraguay por la represa Yacyretá, opciones que el gobierno no pudo cumplir. Mientras tanto, se inició la apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, explicó que cuando Javier Milei asumió la presidencia, Argentina debió haber presentado esa garantía para evitar embargos durante la apelación que comenzó en octubre de 2023. Como no se cumplió, la ley estadounidense permitió a los demandantes embargar activos, incluyendo las acciones de YPF. Aunque la jueza Preska ordenó la entrega de dichas acciones, Argentina no acatará la orden y seguirá apelando.
El fallo de primera instancia dictaminó que la expropiación violó el estatuto de YPF y perjudicó a accionistas minoritarios como Petersen Energía e Inversora, imponiendo a Argentina una indemnización de más de 16 mil millones de dólares, pero eximiendo a YPF de responsabilidades.
Actualmente, el caso avanza en dos frentes: la apelación en la Corte de Nueva York, donde tanto Argentina como los fondos Burford y Eton buscan que se revise la sentencia. Los demandantes quieren incluir a YPF como responsable, mientras que Argentina intenta anular el fallo.
Esta controversia tiene sus raíces en la estatización de YPF en 2012. En ese momento, Eton Park era accionista y Burford adquirió el derecho a litigar tras la quiebra de las empresas Petersen en España. Los fondos alegaron que el gobierno kirchnerista no realizó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exige el estatuto de YPF al comprar más del 15% de acciones, norma que Argentina no respetó según los demandantes.
Axel Kicillof, entonces interventor de YPF, declaró públicamente que cumplir estrictamente la ley de YPF hubiera sido “estúpido”, frase que la jueza Preska y los fondos usaron para fundamentar la condena, señalando que el Estado forzó un préstamo masivo y expulsó al directorio anterior.
Argentina sostuvo que la Constitución prevalece sobre el estatuto empresarial y actuó bajo la ley de expropiación. Además, destacó que Burford pagó al fisco español un porcentaje por el derecho a litigar, tras la quiebra de las empresas Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, vinculada a sectores políticos y financieros argentinos.
Las empresas Petersen habían adquirido el 25% de YPF antes de la estatización, con financiamiento de bancos europeos. Cuando Argentina tomó control, se suspendieron dividendos y las empresas quebraron. Por su parte, Eton compró un 3% de las acciones en 2010 por 458 millones de dólares.
En 2014, Kicillof acordó pagar 5.000 millones a Repsol por la mitad de YPF expropiada. Sin embargo, el litigio actual podría implicar un pago total a los demandantes de tres veces el valor actual de YPF, que hoy cotiza alrededor de 5.100 millones de dólares.
En resumen, Argentina enfrenta una compleja batalla legal internacional por la expropiación de YPF, con una orden judicial que amenaza con afectar directamente la propiedad estatal de la petrolera y con procesos de apelación en curso que definirán el futuro de este caso.
