En el marco de una causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a esquemas piramidales y operaciones con criptomonedas, la Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo este miércoles en la ciudad de Concepción. El procedimiento incluyó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de esa localidad del sur tucumano.
Las actuaciones judiciales se encuentran relacionadas con una estafa que respondería al modelo de fraude conocido como «esquema Ponzi», que consiste en captar fondos de nuevos inversores para pagar supuestas ganancias a los anteriores, sin que exista una verdadera inversión productiva. En este caso, la empresa señalada como responsable del ardid es PEAK Capital, la cual ha dejado un saldo creciente de damnificados en la región.
Hasta el momento, se contabilizan más de dieciocho denuncias formales por parte de personas afectadas que acudieron a la Justicia con el objetivo de esclarecer lo sucedido y recuperar sus fondos. Sin embargo, las características del caso y los indicios recabados hasta ahora apuntan a que el fraude podría tener un alcance transnacional, superando los límites de Tucumán y del país.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de un grupo en la aplicación WhatsApp denominado «Familia Catalunya», al que se le restringió el acceso desde Argentina. Este grupo habría sido administrado por los promotores del sistema fraudulento, quienes —según trascendió— trasladaron sus operaciones a Europa, específicamente a la península ibérica, en el momento previo al congelamiento de la plataforma digital MGS. Dentro de esa plataforma, una mujer de origen asiático identificada como Wendy habría desempeñado un papel clave al coordinar horarios específicos de inversión, lo que refuerza la hipótesis de una estructura bien planificada y organizada.
Además de los allanamientos en Concepción, la Policía Federal también intervino en una vivienda de San Miguel de Tucumán, ampliando así el radio de acción de la investigación. Aunque no se produjeron detenciones durante estos procedimientos, los avances han sido significativos: ya son quince las personas que figuran como imputadas en la causa, lo que evidencia la magnitud del entramado delictivo.
El caso de PEAK Capital pone en relieve el crecimiento de las estafas digitales que se aprovechan de la confianza de los pequeños inversores, especialmente en sectores donde la educación financiera es limitada y el control estatal es insuficiente. La combinación de promesas de rentabilidad rápida, plataformas tecnológicas y esquemas de referidos ha generado un entorno propicio para este tipo de delitos.
Las autoridades judiciales y policiales trabajan para reconstruir los movimientos financieros, identificar a todos los responsables y prevenir que fraudes de esta naturaleza continúen perjudicando a la ciudadanía. Mientras tanto, se recomienda a la población extremar las precauciones al momento de realizar inversiones en plataformas no reguladas o con modelos de negocio poco transparentes
