La Fiscalía presentó cargos formales este viernes contra un grupo de seis hombres y dos mujeres, imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas, usurpaciones, uso de documentos falsos, encubrimiento y estelionato durante el período comprendido entre 2023 y 2025. Entre los acusados se encuentra un comisario de 43 años, señalado como jefe de la organización, mientras que otros miembros desempeñaban roles centrales, como un ex policía y un abogado, y el resto figuraba como partícipes secundarios.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael, en representación del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, junto a la instructora Florencia Giménez Saravia, detalló la estructura de la asociación y la participación de cada implicado en los delitos cometidos entre febrero de 2023 y marzo de 2025. Según explicó, el comisario, en calidad de líder, proporcionaba información confidencial y reservada al ex policía involucrado sobre denuncias, evidencias fílmicas y testimoniales antes de que se notificara a la autoridad judicial, instruyendo además sobre las medidas y diligencias ordenadas por el Ministerio Fiscal.
Asimismo, otro ex integrante de la fuerza policial ejercía influencia sobre personal no identificado, alertando a los demás miembros sobre investigaciones en curso. La asociación también se encargaba de ubicar propiedades en San Miguel de Tucumán y, a partir de información sobre antecedentes dominiales, catastrales y sucesorios, un abogado analizaba los inmuebles vulnerables, informando al jefe de la organización sobre aquellos que podrían ser objeto de despojo.
Para llevar a cabo los ilícitos, los integrantes y colaboradores observaban los movimientos de los propietarios, estudiando horarios y rutinas, y luego consumaban el despojo. Para consolidar sus acciones delictivas, se presentaban terceros como víctimas o testigos falsos, designaban abogados que facilitaban información procesal y aportaban documentación fraudulenta, engañando tanto a los particulares damnificados como a la Administración de Justicia.
Frente a esta situación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. El juez otorgó arresto domiciliario por 31 días a los miembros principales, entre ellos el comisario, un ex policía y un abogado de 49 años, mientras que los cinco restantes, incluidas dos mujeres, quedaron sujetos a medidas menos restrictivas.
Entre los inmuebles afectados se incluyen propiedades localizadas en San Juan al 300 y 1400, Catamarca al 300, pasaje Holmberg al 2900, Marcos Paz y Esquiú, Balcarce primera cuadra, Muñecas al 1200, Bolivia al 1400, avenida Roca al 500 y Avellaneda al 200. La Fiscalía sostiene que los imputados actuaron de manera coordinada, desplegando maniobras complejas para apropiarse de los bienes y evadir la acción de la justicia.