Un caso alarmante de caza furtiva ha provocado una fuerte reacción de rechazo tras la difusión de imágenes que muestran a un hombre posando junto a siete corzuelas hembras muertas, una especie que está protegida por la ley debido a su condición de vulnerabilidad y riesgo de extinción. El implicado fue identificado como Adrián Barrionuevo, residente de la localidad de Tafí Viejo, quien ya se encuentra bajo arresto.
La foto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, exhibe a Barrionuevo armado y rodeado por los animales abatidos, que según las investigaciones fueron cazados durante la noche con la utilización de miras telescópicas, reflectores y desde una camioneta en movimiento. Estas técnicas de caza están terminantemente prohibidas en Argentina debido a su impacto ambiental y la vulneración de las normativas de protección de la fauna.
La legislación argentina, en particular la Ley Nacional Nº 22.421 junto con la Ley Provincial Nº 6.292, establece sanciones para la caza ilegal de corzuelas y otras especies de fauna silvestre, además de prohibir expresamente métodos como la caza nocturna, el empleo de reflectores y armas consideradas de guerra. Estas leyes tienen como fin proteger la biodiversidad y preservar especies en peligro, como es el caso de la corzuela, un ciervo de tamaño pequeño a mediano originario de América del Sur y Central, cuya población se ha visto gravemente disminuida por la caza indiscriminada y la destrucción de su entorno natural.
La investigación que derivó en la detención comenzó el pasado 22 de julio, a partir de una denuncia anónima enviada vía WhatsApp a la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la provincia. El mensaje incluía una captura de pantalla tomada de un estado de WhatsApp donde aparecía un hombre armado junto a varios ejemplares muertos de corzuela, lo que activó las alertas sobre una posible infracción a la Ley Nº 27, la cual prohíbe el transporte, almacenamiento, comercialización o industrialización de productos derivados de la caza furtiva.
Con base en esta denuncia, se desplegó un operativo de inteligencia liderado por la Subcomisaria Edith Páez, con la colaboración de los Oficiales Principales Marcial Carlos y Ale César. Gracias a estas tareas de investigación se pudo identificar al presunto responsable. La causa judicial fue formalmente iniciada bajo la carátula: “Barrionuevo Adrián s/ Transportar, almacenar, comprar, vender, industrializar o comercializar piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva – Ley N° 27 – Víctimas: corzuelas a determinar – Legajo N° A-515088/2025.”
El procedimiento operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales (DGDRyA) y se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo, entre Cochabamba y 25 de Mayo, en Tafí Viejo. El allanamiento resultó exitoso, logrando el secuestro de varios objetos vinculados con la actividad ilegal, entre los que se encuentran armas de fuego, municiones, reflectores y otros elementos relacionados con la caza furtiva.
Entre los materiales incautados se listan:
Dos cartuchos ORBEA calibre 12 (color amarillo).Un cartucho de carabina REM CBC calibre 2.23.Una caja con arma larga A17, Savage calibre 17 HMR.Cinco cuchillos tipo carnicero.Un trípode de hierro utilizado para la calibración de armas largas.Un reflector LED marca Colemna.Un par de zapatillas tipo botín negras, marca Gummi.
La incautación de estos elementos refuerza la hipótesis de que se trata de una operación sistemática de caza furtiva, posiblemente con fines de comercialización clandestina.
Durante el operativo también se generó un incidente que llevó a la apertura de una segunda causa penal. Jessica Antonella Barrionuevo, hermana del detenido, fue arrestada por intentar impedir el accionar policial. La mujer fue imputada por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Criminal I del CJCAP, bajo la supervisión del fiscal Gonzalo Guerra, quien ordenó su detención preventiva y la verificación de sus antecedentes.
La acción policial fue llevada a cabo por la División de Delitos Rurales y Ambientales Nº 4 – Norte (Tapia), con el apoyo de la División Nº 6 – Capital y el personal de la DGDRyA, garantizando así el cumplimiento de la ley y la protección de la fauna silvestre en la región.
