Los cinco exquerellantes que fueron excluidos del caso $LIBRA por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi tienen la intención de apelar esta resolución. Esto significa que la discusión sobre su continuidad como acusadores privados en una causa que genera inquietud en el Gobierno deberá ser abordada por la Sala I de la Cámara Federal, que atraviesa un momento de inestabilidad.
La Sala I se encuentra en un contexto donde el Gobierno busca reajustar este tribunal esencial para las causas de corrupción, enfrentándose además al problema de las vacantes, ya que dos de sus tres cargos están ocupados provisionalmente.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron trasladados a esta sala durante el mandato de Mauricio Macri y no tienen asegurada su permanencia más allá del tiempo que demore el proceso para su reemplazo. Se estima que esta situación podría resolverse antes de la feria de invierno, que inicia el 20 de julio.
El concurso para sus reemplazos avanza de manera decidida, con el Consejo de la Magistratura que ya ha enviado al Poder Ejecutivo las ternas aprobadas por 15 votos contra 5, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentra colaborando con el presidente Javier Milei en la elección de sus sucesores.
Bruglia y Bertuzzi fueron designados en 2018 mediante traslados y, debido a una orden de la Corte Suprema, todos los traslados deben ser cubiertos por jueces elegidos por concurso. Aunque el kirchnerismo intentó su destitución sin éxito en el pasado, el actual Gobierno ha reanudado esta iniciativa.
Ambos jueces están en situaciones distintas: Bruglia ha estado buscando mantener su posición en la Cámara ante instancias internacionales desde al menos 2021, un proceso que lo une a Bertuzzi y al juez Germán Castelli, situándolos en conflicto con el Estado argentino.
Durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, se estaba considerando una “solución amistosa”, pero tras la asunción de Mahiques y los nuevos elementos que han surgido en el caso $LIBRA, el Gobierno optó por revocar ese acuerdo y proceder con el concurso para la elección de nuevos jueces.
En recientes presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bruglia ha argumentado que el Gobierno aplica el criterio de la Corte de forma “selectiva”, afirmando que en casos similares no se promueven nuevas designaciones. Un caso representativo es el del juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro, quien también fue trasladado durante la gestión anterior pero ha continuado en su puesto.
Con este planteamiento, Bruglia ha solicitado a la CIDH que dicte una medida cautelar para suspender su reemplazo. La Comisión ha solicitado al Estado argentino información sobre la solicitud en un plazo de un mes, aunque se prevé que su respuesta no interfiera con el proceso en marcha.
Bertuzzi, por su parte, tiene más posibilidades de conservar su puesto, ya que participó en el concurso convocado por el Consejo y, pese a su posición en el orden de méritos, fue incluido por los consejeros en una de las ternas.
El Gobierno tomaría una decisión sobre dos de los seis candidatos propuestos en los próximos días. Los nombres que más se mencionan son los de Pablo Yadarola, Cecilia Incardona y Bertuzzi, con los pliegos que deberán recibir aprobación del Senado antes de su nombramiento por parte del presidente.
El reclamo de las querellas del caso $LIBRA podría llegar a la Cámara Federal la próxima semana, aunque la reconfiguración de la Sala podría tardar entre una y tres semanas. Generalmente, estos casos son resueltos en un plazo de 15 días, aunque la decisión podría verse retrasada si uno de los jueces actuales toma más tiempo para emitir su voto.
En relación con antecedentes, la Cámara Federal ya había admitido a las querellas que hoy fueron apartadas. Sin embargo, una anterior intervención de la Sala II estableció que el estatus de dichas querellas podría cambiar en el futuro.
Ahora, será la Sala I la que deba pronunciarse sobre estos y otros planteamientos en el caso. Analistas indican que es probable que un eventual fallo no difiera mucho de uno previo, donde la Sala I denegó la inclusión de ciertos inversores bielorrusos como querellantes, argumentando que no se había demostrado la titularidad del dinero potencialmente afectado por el colapso de $LIBRA. El juez Martínez de Giorgi utilizó un argumento similar para apartar a los cinco querellantes del caso.