La Fiscalía ha imputado a Sosa por el delito de femicidio y ha solicitado que, en caso de condena, se le imponga la pena de prisión perpetua. Para Gordillo, se ha solicitado una pena de seis años de prisión efectiva por encubrimiento con favorecimiento personal y real, agravado por ser un hecho anterior de gravedad especial, actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. En el caso de Díaz, se ha solicitado también seis años de prisión efectiva por el mismo delito de encubrimiento, igualmente agravado por la gravedad del hecho precedente. Estas demandas fueron respaldadas por la querella.
Motivos por los cuales se considera femicidio
Durante la audiencia, Gallo expuso los argumentos por los cuales la Fiscalía considera que la conducta de Sosa debe ser encuadrada como femicidio. “Enfatizamos la vulnerabilidad especial de Érika, tanto por ser mujer como por su situación económica y social en relación con Sosa. También había un problema de consumo problemático que la víctima enfrentaba. Todo esto fue aprovechado por Sosa para crear una relación desigual de poder entre ambos”, señaló el fiscal.
En este contexto, Gallo mencionó que hubo una cosificación de la víctima por parte del acusado. “Esto se evidencia en el análisis del teléfono celular del imputado, que contenía expresiones denigrantes hacia las mujeres, en particular hacia aquellas que convocaba a su hogar. Sosa consideraba a Érika como un objeto de distracción”, declaró Gallo. El fiscal también se refirió a las circunstancias en que fue hallado el cuerpo de Álvarez. “Desde nuestra perspectiva, incluso la forma en que murió y fue encontrada envuelta en una bolsa en un basural es simbólica y significativa”, añadió.
Pruebas que se presentarán en el juicio
Durante las audiencias, las partes llegaron a más de 25 acuerdos sobre pruebas, admitiendo tanto pruebas testimoniales como documentales. El Ministerio Fiscal anunció que presentará 77 testigos en el juicio, incluidos el condenado Flores, personal policial, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), y personas del entorno de los involucrados. También se aceptaron evidencias como muestras de ADN, grabaciones de cámaras de seguridad y datos digitales de dispositivos secuestrados durante la investigación. Entre estos elementos se incluyen las bolsas que cubrían el cuerpo de Álvarez, cuerdas y teléfonos celulares, así como otros elementos relevantes para la investigación.
La jueza finalmente aprobó la solicitud para la apertura del juicio oral y público, por lo que las actuaciones se enviarán a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para el sorteo del tribunal que intervendrá y la fijación de la fecha de inicio del debate.
Acusación contra Sosa
De acuerdo con el MPF, el 7 de enero de 2026, alrededor de las 3:37 horas, Álvarez salió de su domicilio en Gerónimo Helguera 1701, San Miguel de Tucumán, en un automóvil de Uber, dirigiéndose a la vivienda de Sosa en Santo Domingo 1100, Yerba Buena. La Fiscalía sostiene que entre las 3:50 y las 7:00 aproximadamente, Sosa aprovechó la relación de poder asimétrica y la vulnerabilidad de Álvarez para golpearla violentamente en la zona craneo-facial y cervical, causándole lesiones que resultaron en su muerte por traumatismo craneo-facial y cervical.
Implicaciones de Gordillo y Díaz
Según la teoría de la Fiscalía, Gordillo mantuvo comunicación con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y posteriormente se presentó en su domicilio, donde permaneció varias horas, regresando esa noche. Se le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y en la eliminación de evidencias relacionadas con el hecho, así como en la desaparición de elementos vinculados a la víctima y del vehículo utilizado por Sosa.
Además, Gordillo es acusado de haber facilitado la fuga del principal acusado hacia Buenos Aires, proporcionándole una motocicleta KTM, así como dinero e información relacionada con la investigación. Estas acciones habrían tenido como objetivo ayudar a Sosa a eludir la investigación y evitar la acción de la justicia, además de buscar un beneficio económico.
Respecto a Díaz, la Fiscalía indica que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, llegó a la residencia de Sosa en una camioneta Chevrolet S10 de “Mundo Limpio” y colaboró en la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Asimismo, se le acusa de llevarse un estuche que contenía una pistola calibre 40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que Sosa le habría entregado para ocultar.